Frente al liderazgo ejercido por España en la lucha contra la violencia de género en el ámbito de la pareja el Estado español  no es, sin embargo, pionero en combatir la trata de seres humanos. Europa, tanto las instituciones de la Unión Europea como las organizaciones de la sociedad civil que comenzaron su trabajo en la década de los 90, nos ha sensibilizado, enseñado e impulsado en este campo en el que siempre hemos ido a remolque, tanto de la legislación como de las políticas y estructuras de coordinación impulsadas en el ámbito de la Unión Europea.

En el Proyecto Esperanza hemos sido testigos directos de esta realidad. Cuando comenzamos nuestro trabajo en el año 1999, en España no estaba tipificado el delito de “trata de seres humanos”, no existía ninguna política ni línea de financiación destinada a afrontar este tema, no había recursos sociales especializados que pudieran dar respuesta a las necesidades de quienes sufrían este delito y, lo que es peor, no existía ninguna sensibilidad, ni conciencia (ni en la sociedad en general, ni en los responsables políticos, ni en las instituciones públicas) sobre el hecho de que la trata de seres humanos se estaba dando en España de forma alarmante con total impunidad, ni sobre la situación de indefensión que vivían las víctimas de este delito.

Afortunadamente tuvimos en aquellos inicios, hace ahora 15 años, la posibilidad de mirarnos en el espejo de los avances y experiencias de otros países de la Unión Europea y en la legislación que se iba aprobando para ir orientando nuestro trabajo y objetivos a la hora de querer dar una respuesta integral a mujeres víctimas de la trata con fines de explotación en España.

También fue fundamental poder contar con financiación europea para arrancar nuestro proyecto formalmente en el año 2000. La primera financiación con la que contamos fue dentro del marco del Programa DAPHNE destinado a erradicar la violencia contra las mujeres y los/las menores. Este apoyo económico nos permitió desarrollar el “Proyecto Piloto de Acogida Integral de Mujeres Víctimas de la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual”,  un programa de acogida integral para dar respuesta a las necesidades de las víctimas y sistematizar y producir al mismo tiempo un modelo de trabajo basado en el intercambio de información y experiencias entre las organizaciones socias y participantes. Compartimos y aprendimos de proyectos europeos de nuestra entidad, como el Proyecto Kairós de Bérgamo, Italia, y de organizaciones como la Fundación Esperanza en Holanda. Su experiencia en el marco de la lucha contra la trata de mujeres y su generosidad a la hora de compartir tanto aciertos como errores, fue para nosotras de un valor incalculable a la hora de diseñar y definir nuestro programa de atención integral, así como nuestra línea de trabajo de sensibilización para visibilizar y concienciar sobre el problema e incidencia política para lograr cambios y reformas legislativas a medio y largo plazo.

En España no se aprobó la primera línea presupuestaria específica para desarrollar proyectos sociales de apoyo a víctimas de trata hasta el año 2009 en el que se empezó a ejecutar el Plan Integral de Lucha contra la trata con fines de explotación sexual (2009-2012), único plan que por el momento se ha aprobado en España para hacer frente a esta lacra.

Hacia un  enfoque de derechos humanos para hacer frente a este delito

También hemos sido testigos de cómo, desde Europa, se ha ido evolucionando desde un  enfoque inicial centrado, prácticamente en exclusiva, en la represión de la trata como forma de crimen organizado y en la represión de la inmigración irregular hacia un enfoque más centrado, al menos sobre el papel, en la defensa de los derechos humanos de las víctimas incidiendo en que toda política y toda actuación contra la trata debe centrarse en defensa de los derechos de las víctimas, la cobertura de sus necesidades y su protección para evitar, así, su revictimización.

El enfoque inicial se refleja, a modo de ejemplo, en la directiva 2004/81/CE, de 29 de abril de 2004  relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal que cooperen con las autoridades competentes. Esta directiva obliga a los Estados a garantizar un periodo de restablecimiento y reflexión ante indicios de poder estar ante una víctima de trata que se encuentre en el territorio de la Unión Europea en situación irregular. Durante este periodo de al menos 30 días la persona debe decidir si colabora con las autoridades judiciales en la persecución del delito. Además, los Estados concederán un permiso de residencia como mínimo de seis meses a aquellas víctimas que colaboren con las autoridades en la persecución del delito. Estas medidas tienen, por lo tanto, un carácter instrumental y demuestran que se concibe a la víctima como un medio e instrumento y que se la protege en tanto en cuanto resulta útil para obtener resultados positivos en la investigación y enjuiciamiento del delito.

Audio de Proyecto Esperanza sobre Marco Europeo de Lucha contra la Trata

Aún así, estas medidas han supuesto un avance muy importante cuando finalmente, tras haber sido condenada España por no trasponer a tiempo esta directiva, se incluyó en la nueva “Ley de Extranjería”, aprobada a finales de 2009, la figura del periodo de restablecimiento y reflexión para las víctimas de trata. Aunque también hay que decir  que está costando su implementación en la práctica fundamentalmente porque se exigen muchas veces certezas más que indicios a la hora de identificar a la persona como presunta víctima, requisito imprescindible para que se le pueda conceder el periodo de restablecimiento y reflexión.

Nuevos retos, nuevas oportunidades: Ley Integral de asistencia y protección a las víctimas de la trata

En estos momentos España tiene pendiente la trasposición de dos directivas europeas que confiamos nos pueden conducir a afianzar definitivamente el enfoque de derechos humanos al que nos hemos referido: la directiva 2011/36/UE, de 5 abril de 2011,  relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, y la directiva 2012/29/ de 25 de octubre de 2012 , por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos.

Desde el Proyecto Esperanza, junto al resto de organizaciones que conformamos la Red Española contra la Trata , consideramos que en los últimos años se han producido avances importantes en nuestro país y que el momento actual, con la obligación de transponer las Directivas Europeas citadas, es el momento más adecuado para dar un paso decidido hacia delante y consolidarlos.

Para ello, creemos firmemente que España debe adoptar una Ley Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos que suponga dar un paso más para prevenir y castigar este delito y, sobre todo, para asistir y proteger a las víctimas de esta gravísima violación de los derechos humanos y favorecer su restablecimiento y recuperación así como la reparación del daño que han sufrido.

Una Ley Integral de asistencia y protección a las víctimas de la trata consolidaría los avances que se han producido en este ámbito en los últimos años y proporcionaría un marco de obligaciones estable. Además garantizaría la coherencia de nuestra legislación que contiene, en estos momentos, disposiciones sobre trata de manera fragmentada y también lagunas. Supondría también abordar esta gravísima violación de los derechos humanos de una forma mucho más efectiva, cambiando la perspectiva y situando en el centro la protección y asistencia de las víctimas de la trata cualquiera que sea su nacionalidad o situación administrativa y sea cual sea la forma de explotación que hayan sufrido incorporando, de esta manera, una clara perspectiva de género y de infancia.

Las diferentes secciones de la revista abordan aspectos relacionados con la legislación, estrategia, estadísticas y políticas europeas para combatir este delito, así como su influencia en la normativa española, especialmente en un momento en el que los Estados Miembros de la Unión Europea tienen la obligación de transponer dos directivas europeas fundamentales: la Directiva 36/2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y la Directiva 29/ 2012, relativa al apoyo y la protección de las víctimas de delitos.

Este número recoge algunas de las voces que intervinieron en la Jornada de Sensibilización organizada por el Proyecto Esperanza el pasado 17 de diciembre de 2013 entorno al título “Marco Europeo de Lucha contra la Trata de Seres Humanos y Buenas Prácticas y Retos en la Coordinación, Identificación y Atención a las Víctimas en España”. Damos participación, en esta ocasión, a la Comisión Europea en la exposición de las actuales herramientas en materia de trata a nivel europeo y los requerimientos al Estado Español; al Ministerio de Justicia que expone los avances en la transposición de la citada normativa europea al ordenamiento español; volcamos la  experiencia del Proyecto Esperanza en el ámbito europeo y, por último, la voz de las mujeres que son quienes mejor conocen la realidad de la trata y que, con su experiencia, nos marcan la estela y las directrices que debemos seguir todos los agentes implicados para acabar con esta lacra.

Foto de Chema Mínguez

Los avances que se han dado y el cumplimiento de las tareas pendientes por parte del Estado español son de gran relevancia para abordar de manera integral, coherente y eficaz un problema tan complejo como el de la trata de personas con fines de explotación. Desde el Proyecto Esperanza constatamos en el día a día, en nuestro trabajo con las mujeres, tanto los aspectos positivos de las medidas que ya se han adoptado, como la necesidad de continuar mejorando en una legislación que garantice la protección, la asistencia y la recuperación de los derechos que les han sido vulnerados.

Esto nos lleva, junto al resto de organizaciones que conformamos la Red Española contra la Trata de Personas, a  proponer  y reivindicar la aprobación de una Ley Integral de Lucha contra la Trata centrada en la protección de las víctimas. Resulta fundamental abordar y resolver las contradicciones que se presentan con frecuencia, tanto a nivel europeo como estatal, cuando las políticas de control de  fronteras y de la inmigración interfieren con la obligación del Estado de identificar y proteger, desde una perspectiva de derechos humanos, a quienes han sido objeto de la trata de seres humanos y/o  a quienes  solicitan protección internacional.

Hemos de superar una visión fragmentada del problema haciendo frente a todas las formas de trata y fortaleciendo la cooperación entre todos los agentes implicados, incluyendo la cooperación entre los países europeos, ya sean países de origen, tránsito o destino, para lograr proteger a las víctimas de forma eficaz y reducir la impunidad de los tratantes que utilizan la libertad de circulación en el espacio europeo en su provecho para eludir la acción de la justicia.