Jaqueline Leite, licenciada en Relaciones Internacionales,
Fundadora y Coordinadora General del Centro
Humanitario de Apoyo a la Mujer-CHAME, en Salvador
de Bahía, Brasil y miembro representante de América
Latina y el Caribe en la Junta Directiva de la Alianza
Global contra la Trata de Mujeres-GAATW, Tailandia.
Es cada vez más notorio el número de mujeres que salen de Brasil empujadas por un sistema económico que no garantiza su sustento, donde ellas mismas buscan de forma autónoma y estratégica alcanzar sus objetivos y sueños. Estos no son únicamente realizaciones personales, ya que responden a lo que todos consideran como éxito: un trabajo y un matrimonio en el extranjero. La familia desempeña un papel decisivo en lo que se refiere al contexto ideológico para la migración. Un aspecto importante es la ausencia de políticas públicas en el Estado brasileño, especialmente de atención sanitaria, seguridad y educación, que causan en gran medida la salida de mujeres hacia otros países, así como dificultan un retorno voluntario asistido.
Cambios Incompletos
En enero de 2004, Brasil firmó y ratificó el Protocolo Adicional de la Convención de Naciones Unidas (ONU 2000) Contra la Delincuencia Transnacional Organizada Relativo a la Prevención, Represión y Sanción de la Trata de Personas, en especial de Mujeres y Niños, mediante el cual se definió y amplío el concepto de Trata de Personas e incluye diferentes situaciones en las que el individuo ha sido sometido a violaciones de derechos humanos. Como consecuencia de esta ratificación se modificó el Código Penal en relación a la Trata en sus artículos 231 y 231-A, entre 2005 y agosto de 2009.
Los cambios de ley sobre Trata provenientes de este marco legal internacional, proporcionaron modificaciones en la ley interna y en el Código Penal brasileño, aunque no contemplan el concepto de Trata tal y como se recoge en el Protocolo de Palermo, reduciendo éste a la explotación sexual o prostitución, sin tener en cuenta otras formas de Trata para servicio doméstico, trabajo
forzado, matrimonio servil, entre otras formas comunes de este delito.
Auto Identificación
Las brasileñas migrantes tienden a no solicitar el apoyo institucional ofrecido a mujeres en situación de violencia, ya que no están acostumbradas a recibirlo en su país de origen. Brasil carece de una sociedad civil organizada, por tanto, las relaciones sociales están enraizadas en relaciones de parentesco y de vecinos, a diferencia de los países europeos donde el Estado ofrece y garantiza un apoyo institucional a la sociedad civil y al individuo en situación de vulnerabilidad. Por ello es difícil para las migrantes identificarse como sujetos de derecho y admitir que estos han sido violados, que han sido explotadas o que son posibles víctimas de trata, pues esta situación en la que están inmersas se asemeja con la situación de inestabilidad, violencia de género e inseguridad que se vive en Brasil.
Muchos casos de migración internacional de brasileñas que aparecen en los medios de comunicación como violación de derechos y trata de personas, en su mayoría, están clasificados, vistos y divulgados como explotación sexual. Esta visión se plasma tanto en informes de organismos responsables como la Policía Federal, Ministerios, hasta en las mismas ONG’s especializadas. Esto se refleja en las leyes y repercute en lo cotidiano de las personas afectadas por este delito. Esta forma de entendimiento y percepción hace que muchas mujeres en situación de trata no quieran identificarse contando sus historias por el preconcepto y el enfoque moralista utilizado por las autoridades y la sociedad en general.
Dificultades y Políticas insuficientes
Las mujeres brasileñas que migran al extranjero son oriundas de diferentes regiones de Brasil, lo que provoca un difícil retorno al lugar de origen debido a las dimensiones continentales del país, a que los aeropuertos más comunes de llegadas de vuelos internacionales están localizados en Río de Janeiro y São Paulo, y a la falta de fondos económicos, de instituciones u organismos que puedan apoyar un traslado seguro y asistido y responder a diversas necesidades en sus ciudades de origen.
En cuanto a la Política de lucha contra la Trata, Brasil instituyó un “Plan Nacional de Enfrentamiento a la Trata de Personas” (PNETP) desde enero de 2008 hasta enero de 2010, centrado en tres ejes estratégicos: prevención, represión y atención a las víctimas. Sin embargo, teniendo en cuenta lo previsto en el Código Penal brasileño sobre el concepto de Trata con fines de explotación sexual y prostitución, las mujeres no se identifican como tal, pues no están dispuestas a sufrir más discriminación, ya que esto implica que la comunidad y familia la estigmatice viéndola más como una criminal y delincuente que como víctima de un delito.
Otro factor que agrava esta situación es que en los últimos años se ha observado que la mayoría de los casos de mujeres que están en situación de trata fueron captadas por personas del entorno familiar y personal. Este hecho supone riesgos para su seguridad cuando éstas retornan a su lugar de origen, pues el captador amenaza a su familia y a ella misma. A esto se une el miedo de que el captador haga público lo que ellas no desean que su familia sepa.
Conclusión
Una gran parte de las brasileñas que se encuentran en el extranjero envía más de la mitad de sus ganancias a Brasil. Esto genera una situación de dependencia que les impide, la mayoría de las veces, salir del ciclo de abuso y explotación a la que se ven sometidas. Brasil no ofrece oportunidades y garantías concretas de trabajo, sanidad, educación, vivienda, seguridad, entre otras necesidades fundamentales. Luego, con los sueños rotos, el éxito no alcanzado y el sustento sin garantía, ¿cómo pueden retornar a casa?
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